Desde el D.f.

LA SEGURIDAD PUBLICA EN SONORA

El tema de la seguridad publica en Sonora, en los últimos días, se ha señalado como la principal demanda de sus habitantes debido a que afecta directamente los derechos fundamentales  y las garantías individuales relativas a la seguridad de los Sonorenses, ante ello no es constructivo entrar a un debate critico sobre la eficacia y probidad de las instituciones y servidores públicos o aprovechar para cuestionar el rol que juegan los medios de comunicación en los momentos actuales.

Lo realmente importante en estos momentos es que el Gobierno debe garantizar la integridad física y patrimonial de la población, la vigencia del estado de derecho, abordando los problemas de manera completa y actuando con firmeza e imparcialidad. Los sonorenses exigen respuestas a la  Institución que debe garantizar  la  seguridad y protección a sus derechos y que prevenga la violación de las normas jurídicas,  por ello el gobierno tendría que conceder una alta prioridad a esta problemática ante la tendencia al aumento de los registros delictivos.

Indiscutiblemente  que uno de los  motivos principales del incremento de estos hechos que se han registrado en Sonora en los últimos días tiene que ver con la cruzada que a nivel nacional  emprendió el gobierno federal contra las personas que violan las disposiciones  penales federales, otras causas las deben de tener muy claras los profesionales que están a cargo de la seguridad  publica estatal;  en ambos casos, la ciudadanía requiere que se le entre al toro por los cuernos con soluciones claras y contundentes de quien detenta el poder tanto a nivel federal como estatal.

He manifestado  la necesidad  de que el gobierno federal coadyuve con la autoridad estatal no porque se considere que este ultimo sea ineficaz en darle una solución a la problemática existente, sino porque la función de seguridad publica es una responsabilidad conjunta de los tres niveles de gobierno federal, estatal y municipal la que se desarrolla en sus respectivos ámbitos de competencia  con respeto absoluto de las atribuciones constitucionales y legales que cada autoridad tiene.

El Ejecutivo Sonorense tiene la facultad de solicitar todos los elementos materiales, económicos y humanos a la federación no como una dadiva o concesión gratuita  sino como un derecho para que las autoridades estatales estén  en posibilidades reales  de la defensa de la integridad física , material y moral de todos los habitantes del estado de Sonora, del ejecutivo federal  debemos de esperar una respuesta positiva, rápida y contundente.

De las experiencias negativas del momento podemos extraer algo positivo para plantearnos  que en México y especialmente en Sonora  queremos un futuro en donde  la justicia no se mida por la capacidad del estado para afrontar los actos delictivos en la sociedad, sino que la justicia sea un concepto mucho mas amplio, que implique valores y principios superiores, como el respeto y la tolerancia, la igualdad entre las personas, la equidad de ambos géneros, la distribución de la riqueza, el derecho a la educación, en suma, valores que invariablemente tienen que ver con factores económicos, educativos, culturales y de salud, donde logremos una sociedad mas justa que dé por consecuencia una sociedad mas segura.

El trabajo es de todos, gobierno federal, estatal  y gobiernos municipales, unidos por la construcción de un verdadero estado de derecho, que no debe de limitar al ámbito de la prevención del delito y de la seguridad publica pues es necesario comprometerse activamente a llevar una transformación donde la promoción de la leyes abarque todos los sectores: social, empresarial y gubernamental a fin de superar los problemas ligados a la violación de las normas y vivir así una verdadera cultura de la legalidad.

Con  afecto.
Dip. Fed. Carlos Ernesto Zatarain González